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Un juzgado federal de EE.UU ha solicitado a Apple que desarrolle un programa para desbloquear el teléfono Iphone 5C propiedad  de  Syed Rizwan Farook, uno de los autores del tiroteo del pasado diciembre en San Bernandino que causo la muerte a varias personas. La orden judicial se impone como una forma de colaborar con la administracion de justicia y con el FBI quien adelanta la investigación. A pesar del carácter imperativo de la ley, la respuesta de este fabricante fue un rotundo «No». Esta decisión ha sido dada a conocer a través de una carta abierta que Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple.

En esta carta Cook deja de manifiesto las razones por las cuales Apple ha decidido no colaborar con la petición de la Corte pues hacerlo «tendría implicaciones de magnitudes superiores al caso legal que se pretende beneficiar».

«El gobierno de Estados Unidos nos ha pedido algo que simplemente no tenemos, y es algo que consideramos muy peligroso de crear. Ellos nos han pedido que construyamos una “puerta trasera” para el iPhone».

La Corte había solicitado a Apple desbloquear el teléfono de uno de los asaltantes del atentado en San Bernandino, el cual dejó un saldo de 14 muertos. Todos los teléfonos iPhone tienen como opción de seguridad utilizar una clave de cuatro dígitos, como medida de seguridad el teléfono se bloquea por plazos de tiempo por cada intento fallido pero al llegar al décimo intento fallido se bloquea permanentemente.

Esta medida de seguridad permite a los usuarios tener la tranquilidad de que su información y archivos están seguros ante cualquier intromisión externa; aspecto que para las grandes empresas productoras de tecnología tiene gran importancia en la medida que constituye quizás la oferta de valor más relevante para él. Esta situación sin duda tiene un lado oscuro que es permitir que también criminales puedan comunicarse sin una fuerte vigilancia de los gobiernos. La defensa de la encriptación por parte de las empresas, incluso en temas vinculados a problemas legales, es que permitir el acceso del gobierno también sería dejar la puerta abierta para criminales que aprovecharían el acceso a la información personal, a información financiera, lo cual incrementaría el riesgo de fraude para los ciudadanos de común a nivel mundial.

Cook asegura que Apple ha colaborado con el Gobierno en todos los puntos en los que había podido para esclarecer el crimen, pero al llegar a esta solicitud en particular ellos han optado por «desafiar las medidas del FBI con el más profundo respeto por la democracia de EEUU y el amor a nuestro país (…) aunque creemos que las intenciones del FBI son buenas, sería un error que el gobierno nos obligue a construir una puerta trasera en nuestros productos. En última instancia, tenemos que esta demanda merme la libertad que nuestro gobierno está destinado a proteger». Por el momento existe la tensión sobre qué camino tomará la Corte frente al desacato de Apple; ¿se puede llamar desacato a la imposición de desarrollar algo que no existe? Es otro interrogante de gran importancia en esta discusión.

The Electronic Frontier Foundation (EFF), organización que monitorea los derechos en entornos digitales, apoyó a Apple: «El Gobierno está pidiendo a Apple crear una llave maestra que pueda abrir un solo teléfono y una vez que se cree estamos seguros de que nuestro Gobierno volverá a pedirla una y otra vez para otros teléfonos».

Más allá de la discusión legal donde aún queda por establecer si una empresa tiene o no el deber de dar cumplimiento con este tipo de solicitudes, queda definir las repercusiones a futuro que esto puede desencadenar. Crear la posibilidad de reestablecer un contenido que fue encriptado es crear una fórmula perfecta para el desastre, pues si bien las compañías como Apple, Google y demás titanes de la tecnología la usarán con propósitos transparentes y legales no existe manera de limitar este conocimiento a los criminales.

Dentro de esta discusión se han formado diferentes bandos, empresas como Yahoo, Facebook, Twitter y Google han apoyado la postura de Apple de no ceder ante la petición del FBI de desbloquear el teléfono pero hay posturas en contra, como la de Bill Gates. Para él la decisión de Apple no es la mejor, si bien existen casos en los que el gobierno, más específicamente el FBI, no han usado la información solicitada como se esperaba, para Gates «es un reto actualizar las políticas». En una entrevista con CNN Dinero declaró que a su juicio «no es diferente que alguien en algún momento debería haber sido capaz de solicitar datos a una compañía de teléfonos para obtener información…nadie debería ser capaz de obtener en los registros bancarios. No hay diferencia entre la información que se le solicita legalmente a un banco, por ejemplo». «Este es un caso específico en el que el gobierno está solicitando acceder a un caso específico, no están pidiendo una herramienta generalizada».

Esta situación ha crecido al punto en el que ya son nueve los teléfonos que el FBI le ha solicitado a Apple desbloquear, todos estos aparatos pertenecían a los atacantes del caso de San Bernandino. Hasta ahora Apple ha entregado la información de los teléfonos a través del servicio iCloud pero se opone a desbloquear los teléfonos. Otro aspecto que se discute es el poder que tiene Apple de acceder a cierta información a través de iCloud lo cual otorga mayor control sobre las personas y su decisión de negarse a colaborar.

En el caso colombiano salta a la vista la necesidad de reforzar nuestra legislación y tomar en cuenta a esas empresas extranjeras que manejan datos personales de colombianos y que realizan sus operaciones en el país, de manera tal que den cumplimiento con la ley colombiana de protección de datos personales y que también se deban apegar a todas las obligaciones de cooperación con la ley que se requieran en el país. Precisamente el caso del asaltante de San Bernardino es donde se ponen en disputa la privacidad y la seguridad. ¿En Colombia estaremos en capacidad de dar estas discusiones que hoy giran frente al teléfono de un terrorista? Pero mañana podrá ser el teléfono de cualquier otra persona en la cual el Estado tenga interés.